A- de 2023

Conflicto de jurisdicción entre el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge y el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Montería.

Como antecedentes de la presente controversia se tiene el trámite de un proceso penal adelantado en contra de varias personas, al parecer, miembros de una subestructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, a quienes se les imputó la comisión del delito de concierto para delinquir, por la concurrencia de las conductas de tráfico de estupefacientes y extorsión.

El conflicto se desató en torno a uno de los implicado que alegó pertenecer a la comunidad indígena de la referencia.

Antes de entrar a valorar los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, la Corte aclaró que previamente el proceso fue radicado ante el Consejo Superior de la Judicatura como un conflicto entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería y el Resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge pero que, producto de una redistribución de cargas realizado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Montería se reasignó el expediente al Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de dicha ciudad.

Con base en lo anterior la Sala Plena, en materialización de los principios de celeridad y eficacia de la administración de justicia, así como bajo el entendido de que se trata de un proceso penal que está en curso y requiere de un trámite célere, procedió a pronunciarse sobre el conflicto de jurisdicciones suscitado, a pesar de que inicialmente se hubiera formulado de manera irregular.

Se resolvió la controversia con la remisión del expediente al Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Montería, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al resguardo involucrado y a los demás interesados en el proceso judicial correspondiente.

La anterior decisión se adoptó luego de verificar que no acreditó el elemento institucional, el cual, en casos que involucra la investigación de conductas desarrolladas en contextos de macro-criminalidad toma una especial trascendencia, en especial cuando hace presencia organizaciones como el Clan del Golfo, el cual desarrolla conductas que, por su especial nocividad social, afectan gravemente los intereses de la sociedad mayoritaria.